Los empleados judiciales amagan con tomar las instalaciones de la Legislatura, para forzar el tratamiento de una mejora salarial que los quite de la indigencia, situación que los tiene con los nervios de punta, como es lógico.
Piden la reafirmación de la Ley Touriñán, cuya derogación había prometido el Poder Ejecutivo a los ministros del Superior Tribunal, antes que se diseñara la estrategia de tumbar magistrados para colocar otros afines.
El sindicato judicial es un aliado firme de Gobierno en esa batalla, aunque sus dirigentes no busquen expresamente ese objetivo.
En la protesta de los empleados de los Tribunales, teme el oficialismo, podrían prenderse otros sectores no tan cercanos al PJ, como los maestros, los médicos y los enfermeros.
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