El peronismo y sus aliados destituyen un día de la semana al jefe de los fiscales en Chubut, a las pocas horas, un funcionario del PJ en Puerto Madryn provoca una doble tragedia, embistiendo con su automóvil a dos jóvenes, arrastrándolas decenas de metros por la calle y provocándoles la muerte. La fiscal dice que, pese a toda esta evidencia, el hombre no tuvo intención de matar y le atenúa notablemente la responsabilidad por el hecho.
Como si esto fuera poco, al culpable lo visitan en su lugar de detención concejales por el PJ en la ciudad de Puerto Madryn y nadie del Gobierno, ni municipal ni provincial, dice una sola palabra sobre el suceso.
El mensaje es clarísimo: para los funcionarios, adherentes y simpatizantes del oficialismo habrá una clase de justicia y, para el resto de los ciudadanos, otra.
Ni el Gobernador, ni el ministro de Gobierno, ni el fiscal de Estado e inminente Procurador, ni el diputado Miguel González, a cuya agrupación pertenece el protagonista, se han pronunciado en los términos tan duros y claros que suelen usar cuando las responsabilidades no les tocan.
¿Alguien imagina lo que estarían diciendo todos los nombrados si, por ejemplo, el conductor del vehículo y responsable de la tragedia militara en el radicalismo?
¿Qué dirían Gobernador, ministros, inminente Procurador, si el detenido fuera visitado por concejales de la UCR?
Los insultos, descalificaciones y acusaciones harían arder el paisaje de la política, reproducidos hasta el hartazgo por la cadena de boletines oficiales.
¿Se imagina alguien el alboroto oficial si un funcionario público del ARI o la UCR recibiera una imputación tan liviana después de dos muertes?
La fiscal tendría los oídos llenos de diatribas. Pero puede quedarse tranquila, esta vez no habrá reproches.
Lo que reina es el silencio de los malos tiempos que vendrán.
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